Análisis del uniforme en los colegios

Los centros educativos tienen autonomía para elaborar sus normas de organización y funcionamiento, incluyendo la exigencia o no de uniformes obligatorios, pero tal autonomía no debe ser omnímoda, sino que debe estar presidida por un principio de proporcionalidad y sujetarse a los límites que fijan el marco legal y constitucional.

En particular, ha de conciliarse con el derecho a la gratuidad de la educación en la etapa educativa, derecho que tiene rango fundamental, a tenor de lo dispuesto en el artículo 27.4 de la Constitución española, que dispone que "la enseñanza básica es obligatoria y gratuita".

Detrás de la actual crisis económica, la decisión cobra más fuerza con el argumento de que el uniforme supone un ahorro para las familias. Los partidarios afirman que fomenta la igualdad y una mejor integración de todo el alumnado porque sirve para limar las diferencias económicas en la forma de vestir, evitando así que los alumnos de las familias con menos recursos se sientan discriminados. Las familias alegan que representa una manera práctica de vestir a los hijos e hijas cada día para ir a la escuela y que mejora la convivencia entre padres e hijos, puesto que se evitan disputas y quebraderos de cabeza.

El uniforme irrumpe en la escuela pública como el paradigma de vestir: transmite imagen, concilia la vida familiar, favorece el ahorro y, sobre todo, fomenta la igualdad. Pero, como dice Núria Tomàs: «Igualdad sería que todo el mundo tuviera las mismas oportunidades, todo el mundo tuviera derecho a ir a las mismas escuelas, todo el mundo tuviera el derecho a tener a la mejor maestra..., y muchos más todo el mundo, que haría que todos los escolares tuvieran las mismas oportunidades.»

Igualdad no es vestir todos iguales. Y es que la obligación de la uniformidad en la forma de vestir no hace iguales a los alumnos, pero sí menosprecia su personalidad.

Se deberian adoptar medidas que rejeran el coste de los uniformes escolares en los centros sostenidos con fondos públicos, favoreciendo así la libertad de las familias de adquirir uniformes básicos en el establecimiento de su elección y, en el caso de que el centro exija que el uniforme incluya logotipos, escudos u otros emblemas, favorecer la adquisición separada de dichos elementos.